Desde enero de 2025, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Marcos Juárez ha cerrado sus puertas por decisión del Estado Nacional, dejando a los vecinos de la ciudad y la región sin un espacio local donde acudir en busca de asesoramiento y defensa de sus derechos. Tras 16 años de funcionamiento bajo la dirección del Dr. Franco Maggi, la oficina deja de prestar servicios, quedando la sede de Córdoba capital como la única operativa en la provincia.
Un convenio que garantizó atención durante más de una década
La historia de la Defensoría del Pueblo en Marcos Juárez comenzó el 5 de septiembre de 2008, cuando se firmó un Convenio de Cooperación Institucional y Técnica entre la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Municipalidad de Marcos Juárez. Este acuerdo buscaba fortalecer la protección de los derechos humanos y garantizar una mejor atención a la ciudadanía a nivel local.
Objetivos del convenio
El acuerdo estableció un Programa de Cooperación con acciones concretas, tales como:
- Asistencia recíproca en el tratamiento de temas de interés común.
- Intercambio de información y documentación para mejorar la gestión de derechos.
- Desarrollo de sistemas informáticos para facilitar la comunicación y atención al ciudadano.
- Campañas de difusión sobre mecanismos de protección de derechos.
- Promoción de legislación alineada con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, se planificó la creación de grupos de trabajo, capacitaciones y un programa de visitas e intercambio de experiencias entre ambas instituciones. La Municipalidad de Marcos Juárez facilitó un espacio físico para el funcionamiento de la oficina de la Defensoría, asegurando su presencia en la ciudad.
Un cierre que deja un vacío en la comunidad
Con la cancelación de este servicio, los ciudadanos de Marcos Juárez y la región ya no contarán con un acceso directo a la Defensoría del Pueblo. Quienes necesiten realizar consultas o presentar reclamos deberán dirigirse a las receptorías mas cercanas sede en Villa María, Río Cuarto
El cierre de la oficina representa un retroceso en el acceso a la justicia y la protección de derechos en la región. La comunidad que durante años contó con este servicio ahora se enfrenta a la dificultad de acceder a la Defensoría en una ubicación más lejana. La decisión del cierre fue de la propia defensoría en sintonía con otras oficinas del país debido a la baja de presupuesto para funcionar proporcionado por el estado nacional a través del congreso de la nación.
