En la tercera sesión ordinaria del 147° período legislativo, la Legislatura de Córdoba aprobó dos importantes normativas orientadas a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estas iniciativas, impulsadas por los legisladores Julieta Rinaldi, Miguel Siciliano y Victoria Busso, fueron debatidas durante meses en comisiones y finalmente recibieron un amplio respaldo de los distintos bloques políticos.
El objetivo de estas nuevas leyes es optimizar el marco legal para garantizar el bienestar de los menores, reforzar su protección y ofrecer más herramientas al Estado para la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal. La votación contó con el acompañamiento del oficialismo, así como de los bloques opositores Unión Cívica Radical, Frente Cívico, PRO y Construyendo Córdoba, además de la mayoría de los bloques unipersonales.
Aprobación de la Ley de Procedimiento Penal Juvenil
Una de las normativas sancionadas es la Ley de Procedimiento Penal Juvenil, que establece un nuevo marco de actuación en esta materia, derogando disposiciones previas que pudieran contradecirla o que ofrecieran estándares de tutela inferiores. La legisladora Julieta Rinaldi destacó la relevancia de esta actualización legal y expresó: «Se trata de una gran innovación legislativa que, resguardando las garantías constitucionales y convencionales, aborda la situación de vulnerabilidad en la que pueden verse involucradas las infancias y adolescencias. Somos conscientes de que los jóvenes no solo son un sector vulnerable de la sociedad, sino también nuestro presente y futuro, por lo que debemos apostar por ellos. Seguramente necesitaremos seguir trabajando en la materia, pero era necesario mejorar y adaptar la legislación para asegurar el respeto irrestricto de los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes en nuestra provincia».
Reforma de la Ley 9.944
La segunda ley introduce modificaciones y derogaciones en diversos artículos de la Ley 9.944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que había sido sancionada en 2011. Esta reforma busca actualizar y mejorar la normativa vigente para fortalecer el resguardo de la infancia y adolescencia en la provincia.
Ambos proyectos fueron elaborados con aportes de especialistas en niñez y adolescencia, funcionarios judiciales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, universidades y legisladores. Para su desarrollo, se llevaron a cabo múltiples reuniones y mesas de trabajo organizadas por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), organismos estatales que también contribuyeron con su experiencia y conocimientos.
